Los planes de ayuda social son básicos para intentar garantizar la supervivencia de los excluidos del sistema y quizás también para no perpetrarlos en su situación. Sin embargo, no resuelven el problema de fondo: el de la pobreza y la inclusión. La asignación universal por hijo, aparece como indispensable para apoyar el desarrollo de los chicos. Dejando de lado los problemas de aplicación de la política, la idea de destinar dinero a satisfacer las necesidades primarias de los menores es alentadora, más aún si el subsidio es otorgado certificando el estudio y la salud del joven en cuestión.
El problema natural, radica en que no son estos chicos los que gestionan el dinero. La nueva ley en rigor, entrega a sus responsables el dinero en contra de los papeles de la escuela y el hospital (lo que incentiva la creación de un mercado negro de estos documentos). No existe ninguna certeza de que aquellos que literalmente reciben la asignación, usen este recurso para las necesidades de sus hijos, lo que neutralizaría el objetivo de esta política. Para esto, una solución posible, sería entregar una tarjeta (como se hace para otras ayudas, bien podría ser una tarjeta de débito que no permita extraer una alta proporción de la plata de la cuenta en efectivo) con dinero para gastar sólo en productos considerados indispensables para los chicos; aunque los receptores estén menos contentos así, que disponiendo la plata para lo que deseen (ya que tienen una restricción que antes no tenían).
Sin embargo lo más importante para examinar son las consecuencias que traerá este plan, analizando los incentivos que genera en los beneficiarios y pensando en lo que pasará con su gasto. El argumento principal de política económica para justificar el desembolso de dinero público, quitando el valor de la asistencia social a los desocupados, es que esos 10.000 millones de pesos transferidos por el programa se transformen en consumo, y este permita crecer por el lado de la demanda. Razonamiento económico keynesiano, correcto si y sólo si se habla de crecimiento de corto plazo, según la teoría moderna.
Como ocurre en otros países donde se pusieron en marcha planes similares (Brasil, México por ejemplo), y como prueba práctica de la ley de Engel, el ingreso derivado de estos programas, se consume en un 70-80% en alimentos. Dentro del contexto inflacionario en Argentina, el poder de compra de este gasto se verá erosionado. En parte, por el aumento en la demanda de productos primarios surgido por la existencia misma de la asignación, que hará aumentar los precios relativos de alimentos que tengan alguna traba a la exportación (no tienen el precio internacional). Luego, el dinero podrá cada vez cubrir menos necesidades. No obstante, esperamos que este mecanismo tenga un efecto marginal por las cifras en cuestión.
Por otro lado, aparecen los nuevos incentivos que genera el plan en los potenciales receptores. El problema surge en los sectores más pobres, cuyo posible ingreso por hijo es relativamente más grande. Estos querrán llegar al límite de este beneficio, puesto en 5 hijos (la proporcionalidad de la asignación ayuda a esto). Pero al mismo tiempo, además de la dificultad ya planteada de la utilización del dinero, estas familias son las que se encuentran en peores condiciones para ofrecer una oportunidad real a sus hijos; y cuántos más sean, todavía más difícil es para cada uno. Así, muchos que nazcan con motivo de que sus responsables cobren más dinero, tendrán fuertes obstáculos desde el primer día. Sin embargo, una vez en el mundo, no es peor que sus padres tengan esta ayuda del Estado. Por esto, es necesario distinguir entre el beneficio a los niños y el incentivo que se crea en los padres que se encuentren en una situación delicada a tener hijos. Así, incentivar la natalidad en sectores marginados aparece como una política riesgosa pensando en la situación actual del país. Cuando la pobreza y la exclusión disminuyan y la movilidad social genere una mayor igualdad de oportunidades, será tiempo de implementarla.
Dentro de la misma temática, el nuevo plan trae otro problema. Los trabajadores formales de menor ingreso ya cuentan con este tipo de recursos. Con la implementación “universal” los desempleados y los informales que lo necesiten también lo consiguen. Esto genera, relativamente, mayor motivación a no trabajar o ser informal. Sin embargo, este efecto es demasiado pequeño en nuestra opinión como para tenerlo en cuenta. El valor social del trabajo supera a la remuneración salarial y los incentivos a trabajar son más fuertes que la reducción de la diferencia del beneficio de trabajar (además, el ocio es un bien normal, por lo que los desocupados lo valoran poco).
En conclusión, la asistencia a los chicos cuyas familias estén en dificultades económicas aparece como necesaria. La “asignación universal por hijo”, ayuda a erradicar el trabajo infantil y desalienta los crímenes de menores de edad. Sin embargo, el decreto actual acarrea distorsiones no deseables en ciertos niveles sociales. Una posible salida a este obstáculo, sería entregar una suma fija de dinero a los desempleados, también a cambio de que sus hijos estén al día en el hospital y en la escuela, y un extra en el caso de tener muchos (cuatro, cinco o más); no por cada uno que tengan ahora y de ahora en más. Mejorar los criterios del otorgamiento del subsidio también es imprescindible para atacar el problema y cumplir el objetivo que se propone la ley.
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