La mano invisible y la política social

Un punto débil que notamos al hablar de la asignación universal por hijo, fue la “libre disponibilidad” del dinero recibido por parte de los beneficiarios. No existe ninguna restricción adicional que logre que el gasto de la ayuda efectivamente se destine a los menores, lo que puede obstaculizar el objetivo social de la política. Aclaramos también en la entrada anterior, que la existencia de esta jugaría en contra de los intereses de quienes reciben el dinero, ya que no podrían comprar cosas que potencialmente querrían (aquellos bienes que consumirían sin un límite en el uso de este ingreso, pero imposible con la restricción adicional). Quizás esto, para que el plan resulte verdaderamente “popular”, pero sobre todo que la principal motivación para el gobierno de adoptar esta política sea el efecto económico, vía la expansión de la demanda privada, hacen que lo dicho no sea un problema en consideración. Sin embargo, un avance para una solución de mediano plazo es la creación de “la tarjeta Moreno” que permite contar con el dinero de la ayuda en una tarjeta para el uso en supermercados o autoservicios, más la posibilidad de utilizarla como mecanismo de crédito avanzando el dinero del mes próximo. Si bien el impulso de esta tarjeta no soluciona directamente la cuestión, sí puede fijar un punto de partida en ese sentido.

Con el impulso del plástico, los receptores de la asignación pueden elegir entre poner sus 144$ mensuales como crédito en él, o retirar el dinero en efectivo. En principio, y es lo que sucede ahora a pocos días de la implementación, se puede pensar que los sectores sociales que obtienen el beneficio preferirán contar con el cash, al estar habituados a manejarse de esa manera. Sin embargo, esto dejará de ser así con el tiempo; y es allí, donde se abre la oportunidad de hacer llegar los recursos a los niños y permitir una mayor bancarización de la economía.

Por una parte, la tarjeta, trae de la mano mayores ganancias para los supermercados (Coto y Carrefour ya tienen una, los demás y los autoservicios van en rumbo a tener la suya). Esto no sólo se da por el mayor volumen de clientes, sino también por la posibilidad de discriminar precios hacia estos sectores con menores ingresos.
Los supermercados tienen incentivos a darles beneficios a estos nuevos clientes, primero para que elijan utilizar la tarjeta y luego para que adopten la de su negocio. Luego, podrán ofrecer descuentos especiales con el pago con la tarjeta; poner “ofertas” en ciertos productos cobrándoles menos, teniendo en cuenta la menor disposición a pagar por ser individuos de ingresos bajos. Así, estarían vendiendo productos a quienes antes no estaban dispuestos a comprar, aumentando las ganancias.
Mientras por el otro lado, los receptores de la asignación, ante la seducción por contar con un mayor poder adquisitivo surgido de la posibilidad de discriminar precios por parte de los negocios, optarán por poner su dinero en la tarjeta en pos del retiro en efectivo.
Además, de esta forma, la incorporación de estos plásticos, direccionará parte del gasto al sector formal vía el medio electrónico de pago.

Una vez implementada la tarjeta y que ésta convenza a los beneficiarios del plan (esté instalada en su comportamientos), es dónde el gobierno podrá actuar para solucionar el problema de direccionar el gasto hacia los hijos. Éste, podría alentar a los supermercados a introducir ofertas en los bienes que piense indispensables para el desarrollo de los niños, incentivando la compra de estos con la tarjeta. El gobierno tendrá la fuerza suficiente para que los comercios respeten esta voluntad ya que, como vimos, se benefician de la existencia de la tarjeta. El primer paso está dado, ahora es el momento de dejar a la mano invisible del mercado que actúe para que luego el gobierno de señales que incentiven a los individuos a elegir lo que es deseable.